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No habrá periodo extraordinario. El bloque opositor volvió a aplicar su rechazo y con 24 votos en favor y 13 en contra, la Comisión Permanente rechaza un periodo extraordinario para aprobar una ley de revocación de mandato. 

Morena no obtuvo la mayoría calificada. De esta forma no se autoriza el extraordinario.

Fueron casi tres horas de debatir entre las fuerzas políticas representadas en la Comisión Permanente. Unos a favor y otros en contra. 

Y desde la tribuna, Dulce María Sauri Riancho fijo una postura contundente:

La Ley de Juicio Político y Declaratoria de Procedencia, que pretende sustituir a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y normar los procedimientos para el juicio político y para la declaración de procedencia; es decir, para quitar el fuero constitucional y también para destituir e inhabilitar a funcionarias y funcionarios, consecuencia del juicio político cuando esto es procedente.

Y la tercera, que es la Ley para normar la revocación de mandato, figura que fue introducida, vale recordar, el 20 de diciembre de 2019, y que daba 180 días a las cámaras de Diputados y de Senadores para poder establecer esta legislación.

Esto se cumplió, aquí se ha dicho en la Tribuna, en junio del 2020, los 180 días, y solamente hubo una iniciativa presentada en esta Cámara de Senadores por mi compañera Claudia Ruiz Massieu, en la materia, en febrero pasado.

De pronto vinieron las prisas, las urgencias, el descubrimiento de que había que completar el proceso, que ya está establecido -por cierto- para 2018-2024, en el Cuarto Transitorio de la reforma constitucional.

Prisas inusitadas, sin lugar a dudas, prisas ciertamente no motivadas por razones de la propia figura de revocación de mandato, porque sabemos desde diciembre de 2019 que a partir del 1º de noviembre hasta el 15 de diciembre próximo, se podrán juntar las firmas de casi tres millones de ciudadanas y ciudadanos que estén inconformes con el actual Gobierno, que termine anticipadamente su mandato, y que tengan la llave para poderlo lograr.

Los que vayan a solicitar la revocación, indudablemente no son los que apoyan al Presidente, son los que están en contra del Presidente, y no hay que confundirse ni confundir a la gente, porque no se trata de refrendarle el mandato, lo tiene, se trata de quitárselo, porque un grupo de ciudadanas y ciudadanos consideran que no se puede permanecer con el actual Ejecutivo hasta el 1º de octubre de 2024.

Esa llave que tiene la ciudadanía, veremos si la ciudadanía decide activarla, y veremos entonces si el Instituto Nacional Electoral revisando las firmas decide convocar a la consulta en un plazo de 20 días después del 15 de diciembre, que se vence el 4 de enero, y el propio Cuarto Transitorio dice que la convocatoria establecerá 60 días para la realización de la consulta, y los 60 días se cumplen el 5 de marzo de 2022. Eso dice el transitorio constitucional, no lo puede, de ninguna manera, modificar la ley reglamentaria en materia de revocación de mandato.

¿Qué sí puede hacer la ley reglamentaria? Va a normar el proceso para el próximo periodo 2024-2030, allá sí, en 2028 se aplicará lo que la ley señale. En este, es el Cuarto Transitorio que tiene fechas perfectamente establecidas.

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