La Procuraduría General de la Republica (PGR), a través del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) con el apoyo de elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), cumplimentó dos órdenes de aprehensión libradas por un Juez de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla, en contra de Erlinda “N” y José Carlos “N”, como probables responsables en el delito electoral federal, previsto y sancionado por el artículo 411 (hipótesis relativa a quien por cualquier medio participe en la alteración del Registro Federal de Electores) del Código Penal Federal.
A los inculpados se les atribuye haberse presentado en un módulo de atención ciudadana del Instituto Nacional Electoral (INE), en donde solicitaron una credencial para votar con fotografía, proporcionando al Registro Federal de Electores domicilios ubicados en el Municipio de San Juan Atzompa, estado de Puebla, en el cual no habitaban, lo que se acreditó con la cédula para verificación de datos presuntamente irregulares, con lo que vulneraron la integridad de y autenticidad del Padrón Electoral.
Los asuntos en mención tuvieron como origen diversas denuncias recibidas en el sistema de atención FEPADETEL, en las que ciudadanos señalaron que aproximadamente 45 personas desconocidas se trasladaban a bordo de un autobús, las cuales arribaron a un módulo del INE en el Municipio de Cuautlancingo, Puebla, a realizar trámites de cambio del domicilio, en el cual se utilizaron los mismos comprobantes de domicilio para varias personas. Cabe mencionar que los funcionarios del INE al detectar que se estaban llevando a cabo dichos movimientos de manera atípica, realizaron una verificación de campo, la cual dio como resultado que 147 registros correspondían a domicilios irregulares, por lo que los mismos fueron cancelados, sin que las personas pudieran recoger la credencial de elector que solicitaron de manera ilegal.
Los inculpadas fueron detenidos por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, en operativos implementados en el estado de Puebla, para posteriormente ser internados en el Centro de Reinserción Social de dicha entidad federativa, donde un Juez de Distrito de Procesos Penales Federales, en las próximas horas, resolverá su situación jurídica.