A casi 15 años de distancia la transparencia se aprecia más como un recurso retórico y cosmético sustentado en leyes y la operación de instituciones que en una práctica real, que beneficie a la sociedad.
Cuando en 2003 nació el IFAI, ahora INAI, antecedido por la Ley Federal de Transparencia, como sociedad tuvimos la esperanza de que el quehacer público, salvo los casos considerados de seguridad nacional y los reservados por alguna razón justificada por un plazo determinado, quedaría expuesto al escrutinio de la ciudadanía.
Se crearon ventanillas de atención y uno de los sectores más beneficiados con la apertura, sin duda fue el de los medios de comunicación. Los reporteros comenzaron a presentar solicitudes de información que se enfrentaron en no pocos casos a la reticencia oficial.
En esta tesitura el interés ciudadano por la información pública se ha visto alentado por la publicidad oficial, pero disminuido por la reticencia de las autoridades a brindar un acceso real a temas de verdadero interés nacional y aquellos que forman parte de la agenda social.
El tema evolucionó, e incluso se amplió durante la actual administración el espectro de sujetos obligados a cumplir con la presentación pública al menos a través de sus portales electrónicos de la información elemental, en la que el uso de los recursos públicos y la forma en que se ejercen, por ejemplo, a través de las licitaciones y contratos, estuviera expuesta, al igual que los ingresos, patrimonio y en caso evolución de la riqueza de los funcionarios públicos.
No hay más, la realidad demuestra que no existe la voluntad, a pesar de los avances tecnológicos y la capacidad de la tecnocracia, de hacer pública en tiempo y forma ni siquiera la información que se ha vuelto elemental para los denominados sujetos obligados.
Para muestra, un botón, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) realizó un ejercicio de verificación diagnóstica de los portales de obligación de transparencia de los sujetos obligados legales.
Y reportó que varios fideicomisos relacionados con tramos carreteros o instalaciones ferrocarrileras, así como sindicatos importantes, como el petrolero, desacataron por completo la obligación de subir información conforme lo dispone la nueva obligación de transparencia.
Por lo que hace a los sujetos obligados que se incorporan por primera vez (sindicatos, fideicomisos, Poder Ejecutivo y partidos), el INAI reportó que Morena es el que menos información subió a su portal, con casi 9 por ciento de lo requerido, seguido de PRD, con 39.4, y el del Trabajo, con 52.72. En tanto que el PRI, con 86.8, y el PAN, con 80.4 por ciento, tienen el más elevado cumplimiento.
Lo que lleva, bajo la lógica más elemental a concluir que la opacidad, no es un mal que aqueje solo a la esfera pública, lo que lejos de constituir un consuelo debe prender los focos rojos en la sociedad, para concientizarse del enorme pendiente que prevalece en la materia.
Las Leyes, normas y necesidad están presentes, la voluntad de cumplimiento al parecer es la gran ausente.