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La proximidad del tercer aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, hace resurgir el tema.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos expresa la urgencia de que sean localizados, al tiempo que diversas organizaciones tanto nacionales como internacionales, manifiestan exigencias similares.
Por su parte las autoridades del gobierno de la República con la Secretaría de Gobernación, la PGR y la Cancillería a la cabeza, se ciñen al guión establecido. Escuchan, dialogan, externan compromisos, pero sin presentar resultados que satisfagan a padres y familiares de los normalistas desaparecidos.
A casi tres años de distancia, el clamor de justicia y las expresiones en demanda del esclarecimiento de los hechos registrados en Iguala, se mantienen vigentes.
El caso ya ha pasado por tres procuradores sin que se tengan más resultados que el engrose del expediente respectivo.
Las especialistas que en teoría debieron contribuir al esclarecimiento del caso, terminaron confrontados por el gobierno.
Se ha removido a funcionarios, pero sin el establecimiento claro de responsabilidades en las que pudieron haber incurrido.
El caso se suma a otros tantos en los que el elemento común, parece ser la esperanza de las autoridades de que los reclamos se diluyan y las expresiones en demanda de justicia sean acalladas por el cansancio, el desánimo o quizá simplemente por el relevo generacional.
El caso Ayotzinapa se mantiene como uno de los grandes pendientes del gobierno de la República.
Las expresiones de compromiso por la justicia e incluso las reuniones que en su momento tuvieron padres de familia con el ciudadano presidente, quedan hasta ahora, en la memoria de la colectividad como simples elementos cosméticos, como recursos de marketing político con los que se buscó el efectismo mediático.