En sesión pública no presencial de resolución, celebrada por videoconferencia, la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) que confirmó el acuerdo 127/2020, emitido por Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLEV), mediante el cual se expidió el Reglamento para las Candidaturas a cargos de elección popular para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, al resolver las impugnaciones presentadas por los Partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional.

Lo anterior, toda vez que el procedimiento establecido en caso de que un partido político omita realizar las sustituciones de candidaturas necesarias para cumplir con el principio de paridad en su registro, previsto en el artículo 143 del Reglamento de Candidaturas, carece de base legal, derivado de la declaración de invalidez de la reforma al Código Electoral de Veracruz, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver las acciones de inconstitucionalidad 148/2020 y sus acumuladas, y 241/2020 y sus acumuladas.

Sin embargo, ello no exime al OPLEV de que, en ejercicio de sus atribuciones, implemente los procedimientos o lineamientos necesarios para garantizar el principio de paridad de género en cualquier fase del proceso electoral.

En atención a lo anterior, la Sala determinó dejar sin efectos el artículo 143 del Reglamento de Candidaturas y, en consecuencia, ordenó al OPLEV que, tomando en consideración la reviviscencia de la norma anterior a partir de la declaratoria de invalidez de la reforma constitucional y legal decretada por la SCJN, proceda de inmediato, en plenitud de atribuciones, a determinar las normas del Reglamento de Candidaturas que estarán vigentes para las elecciones locales de 2021 en Veracruz.

En la misma sesión pública, la Sala Regional Xalapa modificó la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) relacionada con actos de violencia política en razón de género atribuidos a integrantes del Ayuntamiento de Matías Romero Avendaño.

En su sentencia el TEEO determinó la remisión de la demanda al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, para que, de forma inmediata, iniciara un procedimiento especial sancionador para conocer los hechos relacionados con dicha violencia política.

La Sala Regional indicó que dadas las particulares del presente caso y atendiendo a lo resuelto en el diverso juicio SX-JDC-340/2020 y acumulados, el TEEO debió conocer y resolver sobre la violencia política en comento a través del juicio ciudadano local.

En consecuencia, ordenó al TEEO analizar el asunto y pronunciarse respecto del agravio expresado por la promovente, relacionado con la violencia política en razón de género que atribuyó a la entonces tesorera del Ayuntamiento, así como de las demás personas que identificó en su escrito de demanda.

En otro tema, la Sala Regional Xalapa modificó la sentencia del TEEO mediante la cual, entre otras cuestiones, tuvo por acreditada la omisión de pago de dietas a la regidora de Hacienda del Ayuntamiento de San Jacinto Amilpas y por configurada la violencia política en razón de género ejercida por parte de presidenta municipal contra la aludida funcionaria.

El Pleno de la Sala Regional señaló que, contrario a lo indicado por la presidenta municipal, el TEEO realizó un análisis correcto de los elementos que constituyen la violencia política en razón de género decretada, los cuales no fueron desvirtuados en la demanda; de ahí que se coincida con el TEEO respecto a la citada conclusión.

No obstante, se determinó modificar la sentencia impugnada, únicamente, para dejar sin efectos la medida consistente en la declaración de la pérdida de la presunción de tener un modo honesto de vivir de la presidenta municipal, con el fin de que ello se valore hasta en tanto se solicite el registro para contender por algún cargo de elección popular.

Para finalizar, la Sala Regional Xalapa confirmó la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán (TEEY) que, a su vez, confirmó la resolución del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (IEPAC) que negó el registro como partido político a la organización de ciudadanos denominada “Socialista del Sureste”.

En su demanda, la organización de ciudadanos “Socialista del Sureste” señaló, por un lado, que el TEEY interpretó erróneamente la reserva de ley que existe en cuanto a la aplicación de un reglamento emitido por una autoridad administrativa, colocándolo por encima de la Ley, y, por otra parte, que a su parecer, estableció de manera indebida que el IEPAC cuenta con personal con fe pública para certificar actos realizados dentro de la formación de los partidos políticos, y en específico, de las asambleas distritales.

El Pleno de la Sala determinó como correcta la conclusión del TEEY de señalar que existe la obligación de revisar la doble afiliación en el proceso de constitución de partidos políticos locales, conforme al artículo 17 de la Ley de Partidos Políticos local.

Situación que también se justifica con los artículos 15 y 16 de la misma ley, que prevén la facultad de verificar el número de afiliados y la autenticidad de estos al nuevo partido. De ahí que el procedimiento para verificar la no existencia de la doble afiliación entre aquellas organizaciones que pretendan constituirse como partidos políticos y la consecuente determinación sobre la validez de las afiliaciones, encuentren sustento jurídico en los citados preceptos legales.

Aunado a lo anterior, se consideró conforme a Derecho la conclusión del TEEY de señalar que en dicha normativa se le da la atribución al IEPAC para realizar el procedimiento en cuestión, atendiendo a que existe una restricción al derecho de asociación que limita a la ciudadanía a militar en más de un partido político, sea nacional o local. Por lo que, las afiliaciones realizadas en las asambleas estaban sujetas a verificación del IEPAC.

En suma, en la sesión pública no presencial, por el sistema de videoconferencia, de este 16 de diciembre, se resolvieron 13 medios de impugnación: siete juicios ciudadanos federales, cuatro juicios electorales y dos juicios de revisión constitucional electoral.

Ello, en cumplimiento al Acuerdo General 8/2020 de la Sala Superior del TEPJF en el que se precisan criterios a fin de discutir y resolver de forma no presencial asuntos de la competencia del TEPJF, ante la emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).