El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la Instalación de la Junta de Gobierno del Instituto de Salud para el Bienestar en Palacio Nacional, donde reafirmó su compromiso de garantizar el cumplimiento del artículo 4º de la Constitución.
“La salud, como la educación, no pueden ser privilegios; son derechos fundamentales de los ciudadanos. Tenemos que aplicarnos para sacar adelante el sistema de salud pública que se deterioró mucho en los tiempos pasados”, enfatizó.
Aseguró que hay voluntad y recursos suficientes para dar resultados en el corto y mediano plazo para rescatar el sistema de salud pública.
El próximo año, este rubro contará con un presupuesto adicional de 40 mil millones de pesos.
Acompañado de funcionarios del Gabinete de Salud, enlistó las cuatro acciones fundamentales a implementarse para saldar la deuda en materia de servicios médicos: Suficiencia de medicamentos. Desaparición del cuadro básico; médicos, enfermeros y especialistas suficientes en todas las unidades y turnos. Recibirán sueldos mayores los que trabajen en unidades rurales; mejoramiento de instalaciones y renovación de equipos; y regularización del personal de la salud.
Luego de tomar protesta a los integrantes de la Junta de Gobierno del Insabi, instruyó a las autoridades involucradas que antes del próximo 1 de diciembre de 2020 funcione plenamente el sistema de salud y presenten un informe de avances.
El director del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Ferrer, destacó que en el primer año de esta administración se han puesto en funcionamiento, con el apoyo de los gobiernos estatales, 81 hospitales de los 317 que anteriores administraciones abandonaron.
Adelantó que a través de un amplio programa se recuperarán 236 clínicas, centros de salud y hospitales.
Informó que ya inició el proceso de reclutamiento de personal para la salud denominado ‘Médico del Bienestar’ con el objetivo de solucionar el déficit de 103 mil médicos, 70 mil especialistas y más de 250 mil enfermeros.
En la primera convocatoria se presentaron más de 23 mil aspirantes dispuestos a trabajar en regiones apartadas y vulnerables del país.

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