Ejecuciones ligadas a abandono de cuerpos, como los registrados en Michoacán, dan cuenta del enfrentamiento entre carteles del crimen, que a su vez ponen en evidencia junto con actividades como el trasiego de drogas y la extracción clandestina de combustibles de que el país no está en paz, y la inseguridad está presente.
Sin embargo, por más que se insista de manera machacona en que el ciudadano presidente, previo a la realización cotidiana de sus conferencias mañaneras se reúne con el gabinete de seguridad para evaluar la situación en el plano nacional, parece que no pasa nada, porque solo ocasionalmente se aborda el tema.
De hecho, a más de ocho meses del inicio de la gestión del ciudadano presidente, no ha se presentado un diagnóstico general de la inseguridad en el plano nacional, ni se han establecido compromisos y menos fechas para su cumplimiento en ese rubro.
Poco se habla del combate al crimen organizado, ni se da cuenta del desmantelamiento de cárteles o el decomiso de drogas, como si se tratara de restar importancia a la información de un rubro de primera importancia para el grueso de la sociedad.
Evidentemente una cosa es cuestionar el momento y las circunstancias en las que se declaró la guerra al crimen organizado y otra muy distinta es suavizar el tema, en una suerte de desconocimiento de las dimensiones del problema, sobretodo porque ello abona al plano de la especulación y el sospechosismo.
En paralelo, a pesar de la constante información que apunta a un incremento en el registro de los denominados delitos comunes, como el robo a transeúnte, robo en transporte público, robo a comercios, autoridades locales en estados y municipios, parecen rebasadas pese a la intervención de la Guardia Nacional en sus respectivas jurisdicciones, en entidades como la Ciudad y el Estado de México.
Mimetismo
En una suerte de mimetismo declaracional, con un argumento falaz que busca trasladar responsabilidades al pasado, por hechos registrados al presente, por más que recién se inicie su gestión, ante el linchamiento múltiples registrado en Cohuecan y Tepexco, el ciudadano gobernador de Puebla culpó a la opulencia, derroche, falsa modernidad y un débil estado de derecho con el que se gobernó en el pasado.
Ciertamente las y los poblanos demandan seguridad y aplicación de justicia, pero culpar al pasado por hechos del presente, en este caso es un argumento improcedente.
Bien haría el ciudadano gobernador en serenarse, para analizar y revisar a fondo el desarrollo de los sucesos y verificar si la Secretaría de Gobernación, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía poblana aplicaron de manera adecuada los protocolos correspondientes y si los elementos que intervinieron lo hicieron de forma idónea.
Pero, derivado del hecho de que un repliegue estratégico, permitió que el número inicial de cinco victimas se elevara a siete, todo indica que al menos en ese momento no se tomó la mejor decisión y las fuerzas policiales simplemente no actuaron como era necesario o simplemente fueron rebasadas por las circunstancias.
No cabe duda que culpar al pasado por los hechos del presente, es la mejor forma de eludir responsabilidades, pero no la adecuada. Habrá que ver si las y los poblanas compran como valido el argumento falaz.

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