El PRI condenó enérgicamente las redadas de migrantes que, según se ha anunciado, iniciará el gobierno estadounidense el domingo.
Tales redadas, junto con las deportaciones y los casos inevitables de separación familiar que deriven de ellas, constituyen violaciones a los derechos humanos no solo de quienes sean deportados, sino también de quienes estarían sujetos a su custodia, especialmente niños, niñas y adolescentes.
El PRI urge al gobierno mexicano a brindar la protección y la asistencia legal que requieran los connacionales afectados por esta política. Para ello, es indispensable dotar a nuestros consulados de los recursos que demanda esa tarea: recordamos al gobierno que, frente a las amenazas que vulneran los derechos fundamentales de los mexicanos, no hay principio de austeridad que valga.
Asimismo, es necesario concertar acciones con las autoridades locales y las organizaciones de la sociedad civil que, en los Estados Unidos, se oponen a la política migratoria de la administración federal actual. México necesita a sus aliados y debe instrumentar las estrategias más efectivas para movilizarlos.
No obstante, para el PRI es claro que la protección consular es necesaria, pero no suficiente. Se requiere también que el gobierno mexicano en el terreno político-diplomático manifieste inequívocamente su rechazo a estas medidas.

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