Imagen: La Razón

Una protesta contra el régimen de los Saud bastó para que Murtaja Qureiris, de 13 años de edad, en aquel entonces, fuera arrestado. Hoy, a sus 18 años, se enfrenta a la pena de muerte que solicitó el gobierno de Arabia Saudí, cuya petición implica que su cuerpo sea sometido a la crucifixión pública y a la desmembración.
La vida de Qureiris dio un giro tras la manifestación que realizó al lado de una treintena de chicos en bicicleta para reclamar a las autoridades del Riad, el respeto a los derechos humanos. Una acción que para la Sharía o ley islámica es sinónimo de “terrorismo”.
Y es que la situación de los derechos humanos en el régimen de los Saud no ha hecho más que deteriorarse desde que el hijo del rey Salman, Mohamed, logró ascender al cargo de príncipe heredero tras un confuso golpe en palacio.
La política de reformas económicas y sociales prometidas por el «hombre fuerte» de Arabia Saudí, de 33 años, se ha limitado, a una serie de cambios, entre los que destaca el permiso de conducir para las mujeres, y el levantamiento de la prohibición de que las saudíes acudan a los campos de fútbol siempre que vayan acompañadas por su tutor varón.
¿Quién es Murtaja?
El joven procede de una provincia del este de Arabia Saudí y creció en una familia de activistas de la minoría chií, que denuncia décadas de marginación.
Su hermano Ali murió en la represión gubernamental de una de las marchas que han tomado la calle desde 2011, al calor de las revueltas que sacudieron la región y que fueron sofocadas con la complicidad occidental a través de una renovada oleada de autoritarismo.
Corría el año de 2011, cuando Murtaja Qureiris, de 10 años de edad, inició una concentración de niños que se transportaban en sus bicicletas, fue así como lanzó una súplica mediante un megáfono en mano: “El pueblo reclama derechos humanos”.
Por aquel episodio fue detenido tres años después, en septiembre de 2014. Hoy, recién cumplida la mayoría de edad, se enfrenta a la pena capital.
“Murtaja es, sin duda, la víctima más joven de un sistema judicial saudí que descaradamente incumple la legislación internacional”, reconoció Maya Foa, directora de la organización británica Reprieve.
“Hay otros muchos jóvenes en el corredor de la muerte saudí, con un riesgo inminente de ejecución por ejercitar su derecho a la libertad de expresión. Los socios occidentales del reino deberían exigir justicia para todos ellos”, comentó Foa.
Murtaja se ha convertido en el enésimo icono del calvario que sufren quienes desafían a la monarquía saudí del príncipe heredero Mohamed bin Salman.
Entre las acusaciones, figuran participar en protestas antigubernamentales, asistir al funeral de su hermano, estar en posesión de armas de fuego, arrojar bombas molotov contra una comisaría, y enrolarse en una organización terrorista.
“Hay al menos seis menores ejecutados en abril”
Su abogado defensor denuncia que fue forzado a ofrecer una confesión con la promesa falsa de que sería puesto en libertad. Lejos de recobrarla, en mayo de 2017 fue conducido a un centro penitenciario de adultos.
Según Amnistía Internacional, la petición del fiscal es que sea condenado a pena capital -habitualmente por decapitación- y sometido a la “crucifixión“, un término empleado por los tribunales locales para referirse a la exposición pública del cuerpo tras el degollamiento.
“No hay vulneraciones más graves de la legislación internacional que la ejecución de un niño. Al pedir la pena capital para Murtaja, poco después de ejecutar a otras personas que fueron arrestadas cuando eran adolescentes, el régimen saudí está publicitando su impunidad ante el mundo”, denuncia Foa.
“Hay al menos diez menores que fueron ejecutados durante el reinado de Salman, entre ellos seis el pasado abril. Es una práctica que se ha convertido en común en este Gobierno”, advirtió Ali Adubisi, director de la Organización Europea Saudí de Derechos Humanos.
“Junto a Murtaja, las vidas de otros tres menores de edad, Dawud al Marhun, Ali al Nimr y Abdalá al Zaher corren peligro por la brutalidad del Gobierno”, agrega Adubisi.
El caso más conocido es precisamente el de Al Nimr, de 24 años y sobrino de Nimr al Nimr, un reformista chií ejecutado a principios de 2016 por liderar las protestas pacíficas que recorrieron la provincia saudí de Al Qatif exigiendo el fin de la discriminación a la minoría chií del país y una reforma constitucional.
Confesiones extraídas bajo tortura
De acuerdo con Ali Adubisi en todos los casos se aplicaron métodos de tortura.
“Los menores fueron ejecutados después de confesiones extraídas bajo tortura y coerción. La mayoría fueron acusados por protestar y reclamar derechos y han sido privados de cualquier derecho legal. Algunos ni siquiera han tenido oportunidad de reunirse con un letrado”, detalló.
Según Human Rights Watch, 139 personas fueron ejecutadas en el reino el pasado año. Y en lo que va de 2019, 110 personas han corrido la misma suerte.
Riad alega que la aplicación de la pena capital “solo puede ser impuesta para los delitos más graves y tras someterse a los controles más estrictos”.
Un argumento que rechazan las organizaciones de derechos humanos.
“Las autoridades saudíes tienen un escalofriante historial de uso de la pena de muerte como arma para aplastar la disidencia política y castigar a los manifestantes antigubernamentales, incluidos menores de la perseguida minoría chií del país”, denunció Lynn Maalouf, directora de investigación de Amnistía Internacional en Oriente Próximo.
Ahora, Murtaja Qureiris se enfrenta a una posible ejecución por sus actos. «No cabe duda de que las autoridades saudíes están dispuestas a hacer todo lo posible por reprimir la disidencia contra sus propios ciudadanos, incluso recurriendo a la pena de muerte para los hombres que no eran más que niños en el momento de su detención», sentenció Lynn Maalouf, de Amnistía Internacional.

Fuente: Agencias, La Razón

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