La evasión fiscal es un problema grave, no del presente, sino en términos históricos que ha provocado un daño incalculable al país.
Y por ello, es sano que el ciudadano presidente anuncie que se combatirá la expedición de facturas apócrifas.
Evidentemente, ello representa un reto mayúsculo, pero, ante todo, se debe partir de la presentación de un panorama real por parte del SAT, como autoridad competente en la materia que tendrá como punto toral los sistemas electrónicos de expedición de facturas electrónicas.
No hay que olvidar que a la fecha se han implementado elementos de control que al menos en teoría harían casi imposible que se expidiera una factura electrónica falsa, además de que las facturas tradicionales de papel que se expedían hasta casi una década, están en desuso.
Ante un anuncio que resulta impactante, hay que conocer el fondo del tema, para dimensionarlo de manera adecuada.
Ello implica por parte de la autoridad un reconocimiento del fracaso de los elementos de seguridad aplicados a la fecha, aunado a una incapacidad manifiesta para la supervisión de facturas electrónicas.
Prácticamente un golpe de timón que es necesario ante el compromiso de combate a la corrupción, pero que requiere de explicaciones profundas y un amplio diagnóstico.
Búsqueda
La presentación del informe por parte de la comisión especial de búsqueda de personas desaparecidas, a casi siete meses del inicio de la actual administración, sin la presentación de resultados concretos, se traduce en un evento mediático de lucimiento en el que solo se reiteraron los compromisos.
Lo único rescatable del evento, en términos de objetividad, es que los familiares de los desaparecidos pudieron ejercer sin menoscabo su derecho a la libertad de expresión y accedieron a la oportunidad de dialogar de manera directa con las autoridades, incluido por supuesto el ciudadano presidente.

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