Imagen: La Razón

Caracas. Ayer, el vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Edgar Zambrano, denunció en su cuenta de Twitter que estaba rodeado, en su vehículo, por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. “Nos encontramos dentro de nuestro vehículo desde las instalaciones de Acción Democrática (partido opositor)”, difundió el diputado, quien se encuentra en la lista de los parlamentarios a quienes se les canceló su inmunidad política, por considerarse traidores a la patria, por su activismo contra Maduro.
“Fuimos sorprendidos al negarnos salir de nuestro vehículo, utilizaron una grúa para trasladarnos de manera forzosa directamente al Helicoide (la prisión de los presos políticos). Los demócratas nos mantenemos en pie de lucha”, tuiteó.
El pasado martes, el máximo tribunal venezolano anunció que los diputados Henry Ramos Allup, Luis Florido, José Simón Calzadilla, Américo de Grazia, Richard Blanco y Mariela Magallanes serán procesados por los supuestos delitos de “traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión militar, concierto para delinquir, usurpación de funciones e instigación pública a la desobediencia”.
La autoridad judicial, afín al chavismo, agregó que por incurrir en la “comisión flagrante de delitos comunes” no se procederá a la realización del antejuicio de mérito a los diputados, un proceso establecido en la Constitución política para retirarles la inmunidad parlamentaria.
Algunos de los dirigentes procesados aparecieron junto a Juan Guaidó durante el fallido alzamiento militar a las afueras de una base aérea de Caracas.
Más tarde, ayer, el Tribunal Supremo de Justicia anunció que abrió un proceso judicial a otros tres diputados opositores, por respaldar la misma sublevación militar; se trata de Freddy Superlano, Sergio Vergara y Juan Andrés Mejía, imputados por los mismos crímenes.
La cancillería italiana comunicó que la diputada Mariela Magallanes, quien está casada con un ciudadano de ese país, se encuentra en la embajada de Roma en Caracas, donde espera que se desahoge el trámite de su nacionalidad, para recibir protección ante el riesgo de ser detenida por las autoridades bolivarianas.

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