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Puebla, Pue. Luego de que fuera asesinado el activista indígena Leonel Díaz Urbano, opositor a la construcción de una hidroeléctrica en la comunidad de San Juan Tahitic, en el estado de Puebla, la Comisión Nacional de Derechos Humanos condenó el homicidio, y solicitó al gobierno local la implementación de medidas cautelares para salvaguardar la protección derechos a la vida, integridad personal y seguridad en favor de los familiares de la víctima y que este caso quede en la impunidad.
El dirigente fue ultimado a tiros mientras dormía al interior de su vivienda ubicada en el municipio serrano de Zacapoaxtla, a una distancia de dos horas en automóvil de la capital poblana.
Según versión de los lugareños, a Leonel Díaz le dispararon desde afuera de la ventana de su casa, logrando arrebatarle la vida.
Leonel Díaz Urbano encabezó una lucha continua para frenar la instalación de una hidroeléctrica por parte de la empresa Gaya SA de CV, que traería a los pueblos originarios un daño irreversible al medio ambiente por el desvío del cauce del río Apulco.
La CNDH también solicitó extender medidas preventivas a los pobladores de San Juan Tahitic, Puebla, al tiempo que demandó a las autoridades correspondientes realizar una indagatoria “amplia, exhaustiva y profesional” sobre el homicidio, sin omitir ninguna línea de investigación.
La solicitud de medidas cautelares se dirigió al Secretario General de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto; Secretario de Seguridad Pública, Manuel Alonso García, y Encargado de la Fiscalía General, Gilberto Higuera Bernal, todos del estado de Puebla.
De acuerdo con versiones de los medios de comunicación, el mencionado líder indígena sostuvo una lucha constante para evitar la instalación de una hidroeléctrica en San Juan Tahitic, toda vez que generaría graves daños al medio ambiente, los cuales calificaba de irreversibles, porque se removerían 60 hectáreas de vegetación alrededor del Río Apulco, además de que se desviaría totalmente su cauce.
En la Sierra Norte de Puebla han ejecutado a tres activistas en los últimos cinco años; el caso reciente ocurrió en mayo de 2018, cuando desconocidos torturaron y asesinaron al activista Manuel Gaspar, opositor a proyectos mineros en la región de Cuetzalan.
En 2014, fue asesinado el activista Antonio Esteban Cruz, líder del Movimiento Independiente Obrero Campesino Urbano Popular (MIOCUP), opositor a proyectos hidroeléctricos y mineros; y dos años antes, Frumencio Solís Cruz, fue ultimado a balazos.

Fuente: La Jornada de Oriente, La Jornada

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