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El titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador, rectificar las instrucciones que giró a través de un memorándum a los secretarios de Educación Pública, Gobernación y Hacienda y Crédito Público para frenar la reforma educativa de 2013.
En un posicionamiento sobre el tema, este organismo advierte que el memorando “pone en riesgo el derecho a la educación en el país”.
Añade: “Nada debilita más al Estado de Derecho y a las instituciones que el hecho de que se promueva y ordene desde las instancias de poder el que la ley se desconozca, se incumpla y se deje de aplicar. Los derechos humanos sólo pueden ser vigentes en un entorno de legalidad, donde se respeten las atribuciones y funciones constitucionalmente concedidas a autoridades y poderes, y la aplicación y cumplimiento de la ley no sea objeto de negociación política”.
Precisa que, la instrucción del mandatario, está fuera de las normas y propiciarían actuaciones discrecionales. López Obrador “debe considerar el interés superior de niñas, niños y adolescentes, y emprender las acciones conducentes, en el marco de la ley, para hacer vigente y garantizar debidamente el que el derecho a la educación sea una realidad en el país”.
La CNDH señaló que el ordenar a las secretarías de Educación Pública, Gobernación y Hacienda y Crédito Público, hallar la manera de que quede sin efecto la ley educativa, es promover desde las instancias del poder el que se desconozca la ley.
Y advierte: “Nada debilita más al Estado de derecho y a las instituciones que el hecho de que se promueva y ordene desde las instancias de poder el que la ley se desconozca, se incumpla y se deje de aplicar. Los derechos humanos sólo pueden ser vigentes en un entorno de legalidad, donde se respeten las atribuciones y funciones constitucionalmente concedidas a autoridades y poderes, y la aplicación y cumplimiento de la ley no sea objeto de negociación política”, argumentó la comisión”.
Sentencia también: “La ley, la educación y la vigencia de los demás derechos humanos, no puede ser botín o moneda de cambio ante intereses políticos, económicos o de cualquier otra índole”.

Fuente: Excélsior

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