El reiterado señalamiento del ciudadano presidente de no utilizar la fuerza pública para declarar la guerra o para enfrentar problemas de inseguridad, requiere ser explicado a fondo.
No puede tratarse de una claudicación, porque ello sería más que grave, por lo que requiere de una explicación puntual, que supere la imprecisión verbal del ciudadano presidente.
Como titular del poder Ejecutivo, el ciudadano presidente debe tener presente que una de las principales obligaciones del gobierno en sus distintos órdenes, es el de garantizar la integridad de la ciudadanía y su patrimonio, lo que se traduce en un combate permanente a la delincuencia y por supuesto, hacer frente a las acciones de crimen organizado.
En términos generales, para el grueso de la ciudadanía, ello se traduce en la demanda de una mayor presencia policial y en el combate frontal a quienes infringen la ley, incluidos por supuesto los integrantes del crimen organizado que se han enfocado en la comisión de ilícitos como el secuestro, el cobro de piso, el robo de combustibles, el trasiego de drogas, la trata de personas y la extorsión.
La demanda por mayores niveles de seguridad constituye un claro y evidente reclamo de la sociedad, que no puede ser ignorado, y que se hace patente, entre otros factores, en la manifestación realizada por mujeres en la Ciudad de México, en demanda del freno a la violencia, el acoso y los crímenes de que son objeto.
De ahí que las expresiones que en ese sentido ha realizado, en varias ocasiones el ciudadano presidente deban ser acompañadas de una explicación de fondo.
Desaparecidos
La búsqueda y localización de desaparecidos, constituye un reto enorme que enfrentará la administración del ciudadano presidente, a través de la recién creada y aún sin titular comisión especial para su localización.
El tamaño del trabajo a realizar, planteado por el subsecretario Alejandro Encinas es enorme.
El horizonte es de 40 mil personas desaparecidas, mil cien fosas clandestinas, 26 mil cuerpos sin identificar y, lo más importante, un inmenso reclamo social, primordialmente de familiares de las víctimas, por su localización e identificación.
A la fecha, solo ocho estados cuentan con comisiones locales de búsqueda y un presupuesto inicial de 400 millones de pesos, asignados en 2019, para la operación del Sistema Nacional de Búsqueda.
La labor a realizarse, sin duda, es titánica, y del éxito que tenga dependerá, en el mediano plazo, en gran medida el prestigio de la administración del ciudadano presidente.
No hay que olvidar que durante la gestión de Vicente Fox Quesada se puso en operación una Fiscalía especializada para tratar de esclarecer los hechos de la denominada guerra sucia, entre ellos la masacre de Tlatelolco. Y esa instancia quedó a deber, al no cumplir con su objetivo.
La tarea que hoy se inicia, responde a un indiscutible reclamo social, pero de ahí a que pueda arrojar resultados satisfactorios, como es el deseo generalizado, hay un enorme trecho.

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