El saneamiento económico de Pemex aunado a la despetrolización de la economía, son dos objetivos sociales, que se han planteado durante años.
En consecuencia, resulta lógico que la presentación de un plan de rescate de la principal empresa gubernamental del país, por parte del ciudadano presidente haya despertado una gran expectativa social.
Pero de ahí a que las medidas anunciadas sean las adecuadas, parece que hay un enorme trecho que cubrir. Por más que se insista que si los recursos públicos no son suficiente para lograr el objetivo, la administración federal está dispuesta a asignar más.
En principio, la disminución de la carga fiscal a Pemex se antoja ideal, sin embargo, hay que considerar que los múltiples programas sociales e inversiones en diversos rubros que ha anunciado el ciudadano presidente requieren de financiamiento y hay que tener claro de dónde provendrán, porque la caja del erario no cuenta con recursos ilimitados.
El recurso fácil de enunciar cantidades y esgrimir que vendrán de ajustes, el combate a la corrupción o el combate al huachicoleo, se aprecia adecuado, pero carece de un sustento real.
En los hechos, México comienza a percibirse como una nación en la que se busca tener un amplio entramado de asistencialismo social, con tendencia al corporativismo político, en un esquema que implica una amplísima cantidad de recursos públicos.
Evidentemente Pemex debe sanearse, pero la economía también debe diversificarse y se debe alcanzar, en la medida de lo posible, la autosuficiencia alimentaria, pero eso requiere algo más de discursos y planteamientos que recuerdan la posición que asumió recientemente el ciudadano presidente cuando cuestionó la existencia de tantos análisis y estudio, por parte de organizaciones de la sociedad civil.
Y quizá lo más importante en el caso de Pemex, es que al parecer en principio no se fijó un plazo perentorio para lograr su saneamiento, en tanto que, de la reconfiguración de las refinerías, poco se ha dicho.
Acusaciones
Los señalamientos del ciudadano presidente y de su vocero en contra de lo que el primero denomino como mafias que existen en los sectores científicos y cultural, en tanto que el segundo señaló irregularidades en el otorgamiento de becas del Conacyt, no pueden quedarse en meras declaraciones, porque ello puede tomarse como una acción inmoral.
Lo conveniente, como lo comprometió el ciudadano presidente es que, si existe un conflicto de intereses, en el caso del titular del Comisión Reguladora de Energía, además de presentar elementos que lo exhiban se proceda más allá del plano moral.
En tanto que debe considerarse con toda seriedad y objetividad que si los ahora ex funcionarios del Conacyt y los integrantes de las ternas propuestas para designar a integrantes de la Comisión reunieran el perfil, la capacidad técnica, experiencia y conocimientos necesarios para su designación y desempeño, no habría impedimento alguno para su designación, cuyo trámite en el caso de los segundos se limitaría a la selección del mejor prospecto.
Por tanto, en este como en otros casos, habría que evaluar quién es el verdadero culpable de estos episodios. Obviamente el ciudadano presidente envió las ternas, para la CRE, pero quién propuso su integración y en el caso de los funcionarios del Conacyt, habría que transparentar su proceso de contratación.

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