Acusar sin presentar pruebas puede ser legal, pero es moralmente incorrecto.
Ex funcionarios y empresas del sector privado señalados por el ciudadano presidente y el director general de la CFE, fueron expuestos al escrutinio público, como depredadores del erario púbico, y reaccionaron en lo inmediato, incluso como lo hizo Felipe Calderón para retar a que se presenten pruebas o se callen.
Las empresas tampoco se quedaron calladas ante las afectaciones registradas en su valoración, y la solicitud del ciudadano presidente para que se revisen los términos de los contratos suscritos.
No basta con que se dé vista a las instancias correspondientes para que se aboquen a averiguar si existen actos constitutivos de delito, como lo señaló el titular de la CFE, lo política y moralmente correcto sería indiciar con la presentación de pruebas, denuncias concretas y por supuesto el inicio de los procesos legales correspondientes.
Fuera de eso, todo lo demás se aprecia como un recurso efectista que busca ganar el respaldo del respetable, sin ir a fondo en el multicitado y comprometido combate a la corrupción.
En el tema del combate a la corrupción, al momento, hay más ruido que nueces.
Ejemplo
Los episodios en que se han visto envueltos los secretarios de Gobernación y la SCT, si bien tienen una explicación, resultan moralmente incorrectos y se contraponen con la transparencia que busca impulsar el ciudadano presidente, al menos en el tema patrimonial.
Y, en paralelo, ponen de manifiesto la resistencia que existe entre algunos de los integrantes del gabinete presidencial a hacer público su patrimonio.
Además, permite cuestionar la conveniencia de que se pidan en la declaración patrimonial, datos sobre el patrimonio del conyugue y los dependientes económicos del funcionario. Si se piden y proporcionan de manera fehaciente pueden o no ser públicos.
También, reactivan el tema de la afamada declaración tres de tres que tanto se exigió y publicitó, tanto por el sector privado como por la oposición, durante la administración pasada.
De la tres de tres al momento no se habla como una obligación moral de la actual administración. Quizá ello se deba a que en el esquema de la declaración tres de tres se contempla el patrimonio no solo del conyugue de declarante sino de familiares, como padres, hermanos, tíos, primos e hijos.
En un imaginario ideal, lo deseable sería, que como sociedad no solo se tuviera información del patrimonio directo del ciudadano presidente, sino también de sus hijos y familiares, para evitar episodios como aquel de la campaña cuando terminó por reconocer la existencia de dos departamentos que fueron suyos, pero que ahora son propiedad legítima de sus hijos.
El ciudadano presidente comprometió la declaración patrimonial pública de todos los integrantes de su gabinete, pero de la tres de tres que debiera ser obligatoria no se ha dicho nada, incluso no ha ido a fondo en lo que hace a la declaración de conflicto de interés.
Ello equivale, a apreciar la paja en el ojo ajeno y no sentir la viga en el propio. Aunque hay que reconocer que, por el momento, el ciudadano presidente puede hacer eso y más, en base al bono de confianza del que aún goza, como parte de la luna de miel con la colectividad que anhela que se concrete un cambio de fondo.

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