En la esfera diplomática, México se encuentra entre la espada y la pared, al mantener el reconocimiento al gobierno de Nicolás Maduro y pugnar porque la sociedad venezolana encuentre una solución pacífica a sus diferencias.
Y con ello, la reciente variación de la política exterior mexicana, para retornar a la postura basada en la doctrina Estrada de no intervención y respeto a la libre autodeterminación de los pueblos, alentada por el ciudadano presidente enfrenta una prueba decisiva.
Al margen, no hay que olvidar que en el pasado mediato México suscribió tratados internacionales a favor del respeto de los derechos humanos y en varias ocasiones, a través del Grupo de Lima, fijó una postura crítica ante el Gobierno de Venezuela.
México, está inserto en un panorama internacional en el que el ciudadano presidente busca encabezar un movimiento orientado a impulsar con el apoyo de Estados Unidos y Canadá, el desarrollo de acciones que impulsen el desarrollo de los países centroamericanos, como elemento que mitigue el fenómeno migratorio, en una acción que sin duda lo proyectaría como un líder regional.
Sin embargo, una postura diversa a la que Estados Unidos y Canadá han asumido al reconocer a Juan Guaidó como presidente de Venezuela, podría poner en riesgo ese apoyo.
La presente es una situación que está lejos de resolverse con juegos verbales, Estados Unidos, Canadá y la comunidad internacional no pueden equipararse con el pueblo bueno.
Tribunal
La determinación de la magistrada Janine Otálora Malassis de separarse de la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como consecuencia de la tensión que se vivió al interior de la Sala Superior tiene diversas lecturas que no pueden ignorarse, pero que en el fondo confluyen en la necesidad de adaptarse a un nuevo entorno político y de ejercicio del poder.
Sin duda, de inmediato se percibe la sensación de la que magistrada Otálora pese a haber conducido con pulcritud la elección presidencial, en el tramo correspondiente a la calificación a cargo del TEPJF, enfrentó un episodio claramente controversial al definir el resultado de la elección de gobernador en Puebla, que la llevó a una abierta confrontación con el magistrado ponente, en un episodio acre, al que evitó hacer referencia de manera directa al presentar su renuncia al cargo, a la mitad del periodo para el que fue electa.
La magistrada comenzó a ser percibida como incómoda y de alguna forma vio mermada su capacidad de liderazgo y conducción, y se percibió como una víctima involuntaria de un ejercicio jurídico a todas luces legal, aunque como quedó de manifiesto en el desarrollo de la histórica sesión pública de más de cuatro horas, controversial.
El relevo en la presidencia del TEPJF se realizó en lo inmediato, al tiempo que queda un mensaje perceptible del cambio de los tiempos y las formas en el ejercicio del poder, que habrá de seguir tomando forma con el paso del tiempo.

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