A una semana de la explosión del ducto de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo, con un saldo preliminar de 107 fallecidos, las lecturas sociales aún son diversas, en tanto que el ciudadano presidente mantiene el combate al huachicoleo, avanza en la adquisición de pipas y recorre entidades como el Estado de México, Hidalgo y Puebla, que destacan en el robo de combustible, para entregar en localidades aledañas a las zonas históricamente ligadas a esa práctica, recursos de programas sociales.
El ciudadano presidente busca recomponer el tejido social con recursos públicos, en una suerte de compra de conciencias que aparece tan arriesgada como poco efectiva.
La realidad, aunque se hable poco de ello es que se siguen descubriendo de manera cotidiana nuevas tomas clandestinas, que ponen en evidencia un repliegue momentáneo de los grupos del crimen organizado dedicados a la sustracción de combustibles. Y no una derrota contundente, como pudiera esperarse.
Las fuerzas del orden al momento, han sido incapaces de detener y presentar a quienes se dedican a ese ilícito. Aunque parezca poco creíble, no hay detenidos, o al menos la administración el ciudadano presidente ha sido incapaz de presentar resultados en ese rubro, que permitan proyectar a la ciudadanía la percepción de que se comenzó a desarticular a esos grupos.
No se trata solo de frenar de manera momentánea el robo de combustibles y presentar resultados aparentes, sino se avanza en realidad en la captura y procesamiento de los responsables.
Ni siquiera se ha presentado un diagnóstico que permita apreciar las dimensiones reales del reto que se enfrenta, en lo relativo a la captura de quienes realizan la sustracción y trasiego de combustibles.
Tolerancia
Si algo hay que reconocerle al ciudadano presidente, es su determinación de no ejercer la represión ni utilizar a las fuerzas públicas para hacer prevalecer el estado de derecho, aunque puede cundir el mal ejemplo.
Ya se estableció el referente y a partir de éste, no serán pocos los grupos de inconformes que opten por el bloqueo de las vías de comunicación para obtener la satisfacción de sus demandas, sustituyendo la acción de los tribunales, por la de la coacción social.
A decir de la secretaria Sánchez Cordero, no se reprimirá a los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que mantienen bloqueadas vías férreas en Michoacán, lo que representa una invitación abierta para que otros grupos sociales de inconformes, por ejemplo los burócratas despedidos en lo que va de la administración del ciudadano presidente hagan lo propio.
A fin de cuentas, ahí está la promesa de no utilizar a las fuerzas del orden para reprimir al pueblo bueno.
Vengan los bloqueos y las manifestaciones.

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