El diputado Javier Salinas Narváez (PRD), secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, destacó la necesidad de legislar para que las compañías que ofrecen servicios digitales paguen impuestos, ya que utilizan la infraestructura en telecomunicaciones construida por el Estado, sin invertir ni hacer contribuciones sobre ingresos derivados del comercio y riqueza que generan.
Las corporaciones trasnacionales que prestan servicios digitales no residen en México, sino en Estados Unidos, y para exigir un pago de esa índole a residentes en el extranjero es muy complicado para cada tipo fiscal, eludiendo la responsabilidad, comentó.
Durante el panel de discusión sobre la iniciativa para expedir la Ley del Impuesto sobre los Ingresos procedentes de Servicios Digitales, presentada el 6 de septiembre en el Pleno cameral, el legislador explicó que estos servicios para los usuarios son aparentemente gratuitos, pero no, ya que las empresas obtienen ganancias a través de la publicidad y, venta de bienes y servicios.
Aclaró que no se busca cobrar impuestos a los usuarios, y tampoco aumentar los precios de bienes y servicios que estas corporaciones ofrecen, que no pagan gravámenes, pese a realizar actividad empresarial y tienen la obligación de cubrirlos.
Salinas Narváez señaló que la actual regulación del Impuesto Sobre la Renta aplica la imposición de impuestos en el lugar de residencia del contribuyente que tiene un domicilio fiscal; sin embargo, la aplicación de ese principio a la economía digital es inoperante.
“La dimensión global del problema fiscal de las empresas digitales, requiere de una estrategia internacional y multilateral para evitar erosión en la captación de gravámenes”. Indicó que iniciaron el cobro de este tipo de impuesto en algunos servicios digitales en la Unión Europea, Argentina y Chile.
La Asociación Mexicana de Venta en Línea estimó el valor del comercio electrónico en el país, en 2016, por 329 mil millones de pesos, indicó.
Especialistas estiman que sólo una de esas compañías debería pagar contribuciones por mil 200 millones de pesos al año en México, recursos que servirían para atender los graves problemas sociales. Propuso que de aprobarse la propuesta deberá establecerse el destino de estos fondos.
Eliseo Rosales, doctor en Administración Pública por la Universidad Anáhuac, comentó que definir si se debe o no gravar los servicios digitales es tema nuevo que debe analizarse, para conocer la relación beneficio-costo social de este impuesto, y a dónde se va a destinar.
Pidió ser cuidadosos en este asunto, porque tiene muchas aristas, como regular el Internet, ya que las redes sociales se han convertido en medio para cometer delitos como la trata de personas, extorsiones y secuestros.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor haga sus comentarios
Por favor ponga su nombre aquí