Luego se advertir que ganó la elección de Puebla con más de cien mil votos de diferencia, Martha Erika Alonso anticipó que acudirá ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para que garantice el debido proceso legal, al tiempo que cuestionó la actuación del magistrado José Luis Vargas Valdez.
El proyecto de nulidad del Magistrado Vargas, dijo, viola el principio de carga de prueba ya que no existen elementos para afirmar que la cadena de custodia haya sido rota.
En compañía, entre otros, del presidente nacional del PAN, Marko Cortés y de la presidenta estatal del PAN Puebla, Genoveva Huerta, Martha Erika Alonso, agregó que este proyecto de sentencia es un absurdo a la razón jurídica. El propio Magistrado reconoce que no hay variaciones en los votos obtenidos entre el primer cómputo y el recuento que él mismo encabezó.
Por otra parte, de acuerdo a los artículos 131 y 146 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los Magistrados están impedidos para emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto que es de su conocimiento, así como informar a las partes involucradas o a cualquier otra persona, el sentido de un proyecto antes de que este se resuelva, refirió.
Por ello, abundó, reprobamos categóricamente este proyecto de nulidad, porque carece de certidumbre, de imparcialidad, de legalidad y confunde a la opinión pública.
Martha Erika Alonso, expresó que el Magistrado Vargas debe apegarse al estado de derecho y no ceñirse a intereses políticos personales. Curiosamente, apuntó, la bancada de Morena en el Senado presentó una iniciativa de reforma legal para reducir el periodo del Magistrado José Luis Vargas de su cargo, en el Tribunal Electoral.
Señaló su certeza de que la ética y la profunda convicción democrática que impera en la mayoría de las y los magistrados del Tribunal Electoral, por lo que está convencida de que se sabrán resolver conforme a justicia.
Sin embargo, estableció que para reforzar su defensa van a llevar el tema al plano internacional.
“Acudiremos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que a través de una medida cautelar se garantice el debido proceso legal, el acceso efectivo a la justicia y la independencia de los tribunales para la resolución definitiva del caso, con estricto apego a la observancia de los Derechos Humanos, principios democráticos y sin intervención de agentes o factores externos”, puntualizó.

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