La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) informó que ha participado, durante 2018, en cinco audiencias ante Jueces de Distrito Especializados en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de Puebla, en las que se concedió la suspensión condicionada del proceso a igual número de personas, por su probable responsabilidad en la comisión de delitos contra el ambiente.
En su carácter de representante de la víctima colectiva y como coadyuvante del Ministerio Público de la Federación, esta Procuraduría aportó elementos probatorios a la autoridad ministerial, con el propósito devincular a los imputados por distintos delitos contra el medio ambiente.
Acopio y transporte ilegal de madera, cambio de uso de suelo sin autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), tala de árboles y por descarga ilícita de agua residual, son solo algunas de las actividades consideradas como delitos contra el ambiente que se encuentran previstas y sancionadas en los artículos 416, 418 fracciones II y III y 419 del Código Penal Federal.
En audiencias celebradas dentro del Sistema Penal Acusatorio, los imputados solicitaron la suspensión condicional de proceso, por lo que el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, autorizó las suspensiones, y los planes de reparación propuestos.
Los procesos fueron suspendidos por períodos que van desde los 6 a los 18 meses, plazos en los que habrá de cumplirse con las condiciones autorizadas por la autoridad judicial.
Como planes de reparación del daño causado se aprobó la reforestación de tres mil árboles, con su respectivo seguimiento, la donación de 300 árboles al municipio de Zacatlán, en el estado de Puebla, la donación de semillas a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y el saneamiento del Río Santa Elena, ubicado en el Municipio de San Salvador El Verde.
Finalizado el término de la suspensión, los imputados deberán informar a la PROFEPA el cumplimiento total de las condiciones impuestas para que las verifique y, posteriormente, emita su opinión ante el Juez de Distrito para que se establezca si se considera reparado el daño ocasionado por el acopio y transporte ilegal de madera, el cambio de uso de suelo, la tala de árboles y por la descarga ilícita de agua residual.

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