La Comisión de Relaciones Exteriores iniciará el análisis de la iniciativa que reforma la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, cuya finalidad es establecer que el solicitante de la condición de refugiado tendrá derecho a orientación, asesoría y representación jurídica adecuada y gratuita de un abogado, al cual elegirá libremente.
Además de garantizar el acceso a este servicio, de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Defensoría Pública, el abogado podrá comparecer en todos los actos del procedimiento.
El presidente de esta instancia legislativa, diputado Alfredo Femat Bañuelos (PT), anunció la realización del foro “Migrantes y Refugiados: retos para México, como país de origen, tránsito y destino”, para el próximo 21 de noviembre, con el objetivo de enriquecer la iniciativa y tener el dictamen antes de que concluya este periodo ordinario de sesiones.
Asimismo, se acordó solicitar opiniones técnicas para elaborar este documento, principalmente al Instituto Nacional de Migración; a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados; a la Secretaría de Gobernación, a través de la subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos y la Unidad General de Asuntos Jurídicos, así como a la Secretaría de Relaciones Exteriores, por medio de las direcciones para América Latina y el Caribe y la General de Derechos Humanos y Democracia.
También, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a los centros de estudios de las Finanzas Públicas, en lo relativo al impacto presupuestal, y de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados.
La diputada Gabriela Cuevas Barrón (Morena) explicó que la intención es adecuar la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político con lo que establece el artículo 11 constitucional, en materia de asilo político y reconocimiento de la condición de refugiado, dado que se busca profundizar el pleno reconocimiento de los derechos humanos de estas personas.
Mencionó que de cuatro mil personas que llegaron en la primera caravana migrante, según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), sólo mil cumplen con las condiciones para iniciar el trámite de reconocimiento de refugiados.
Esos mil, agregó, están sujetos a todo el escaneo que hace ACNUR y el gobierno mexicano en materia de seguridad y con procedimientos rigurosos, pero “necesitamos adecuar la ley, para que no sea únicamente la gestión de ACNUR la que nos ayude a solventar una crisis humanitaria”.
La diputada Mónica Bautista Rodríguez (PRD) consideró de vital importancia realizar ese foro, pues el éxodo de centroamericanos parece ahora un problema minúsculo, “pero estamos a corto plazo de que sea mayúsculo”; de acuerdo con cifras extraoficiales, hay en el país más de ocho mil migrantes salvadoreños, hondureños y guatemaltecos.
José Luis Elorza Flores, diputado de Morena, resaltó que el asunto de las caravanas es delicado, y si bien los migrantes no tienen la culpa, “se sabe que atrás de ellos hay grupos organizados y los alientan a venir a México. Debemos hablar con las autoridades de Centroamérica para que detengan a las personas que los agrupan. Esto no se trata de una migración normal, sino (de una acción de la) delincuencia organizada”.
Su compañera de bancada, diputada María Eugenia Hernández Pérez, adelantó que presentará un punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal para que, a través de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, convoque a la representación de la ACNUR, para atender en conjunto los derechos fundamentales de las caravanas migrantes.

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